La reciente alianza anunciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con Erik Prince, fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater, ha generado alarma en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana y en la comunidad internacional. Esta alianza se presenta como parte de un esfuerzo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país, pero la presencia de una compañía militar privada, conocida por su historial controvertido en varias partes del mundo, plantea serias interrogantes sobre el respeto a la soberanía y la seguridad nacional de Ecuador.
Erik Prince, exoperador de las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, fundó Blackwater en 1997, una empresa que se dedicó a ofrecer servicios de seguridad en zonas de conflicto, principalmente en Irak. Aunque la empresa fue vendida en 2010, Prince continúa involucrado en la consultoría militar privada, lo que lo ha llevado a vincularse con gobiernos de todo el mundo que buscan soluciones rápidas y eficaces frente a la inseguridad. El presidente Noboa ha justificado la firma de esta alianza como un paso necesario para “fortalecer” las capacidades locales en la lucha contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y la protección de recursos naturales, como las aguas pesqueras del país.
A través de esta alianza, el gobierno ecuatoriano pretende contar con apoyo externo para combatir el narcotráfico, un problema que ha aquejado a la región durante décadas. Sin embargo, la presencia de una empresa privada de seguridad en el territorio nacional plantea serias implicaciones para la soberanía del país. Al permitir la intervención de actores externos en temas de seguridad, Ecuador corre el riesgo de perder el control sobre su propio territorio y su capacidad para tomar decisiones autónomas en cuestiones clave de defensa nacional. La contratación de una empresa de seguridad extranjera podría significar que, en lugar de fortalecer las instituciones ecuatorianas, se está delegando un aspecto tan fundamental como la seguridad en actores privados con intereses propios.
Además, la propuesta del gobierno de Noboa incluye la reforma constitucional que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, lo cual es visto por muchos como una vulneración directa de la soberanía del país. La posibilidad de que fuerzas militares extranjeras operen dentro de las fronteras ecuatorianas no solo abriría la puerta a una mayor injerencia externa en los asuntos internos de Ecuador, sino que también podría generar tensiones con otros países de la región, especialmente aquellos que promueven la soberanía y la independencia frente a potencias extranjeras.
La inclusión de Blackwater en la lucha contra el crimen organizado también pone en duda la ética y la efectividad de este tipo de soluciones. La historia de Blackwater está plagada de controversias, incluyendo acusaciones de abusos de derechos humanos durante sus operaciones en Irak, lo que hace aún más preocupante la idea de que una empresa con ese perfil pueda tener un rol tan destacado en la seguridad de Ecuador. ¿Qué garantías existen de que una empresa privada de seguridad, cuyo principal objetivo es la rentabilidad y no la seguridad de la población ecuatoriana, actuará con los intereses del país en mente?
Aunque la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad es un desafío legítimo para Ecuador, la estrategia de recurrir a actores privados y extranjeros para solucionar estos problemas plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno de Daniel Noboa. Más allá de la retórica sobre la lucha contra el crimen, lo que se está poniendo en juego es la autonomía y la soberanía de un país que, hasta ahora, había sido un referente de resistencia a la injerencia extranjera en la región.
La alianza de Ecuador con Blackwater, y la posibilidad de permitir bases extranjeras en el país, deben ser vistas con cautela, ya que podrían marcar el inicio de una dependencia peligrosa de actores externos que comprometan la seguridad, la autonomía y el futuro de la nación. El reto será encontrar una solución sostenible y soberana que no implique poner en riesgo lo más valioso de la independencia ecuatoriana.
Dragan Bukovički